La Asociación de Consumidores Libres (ACL), fiel a su promesa de garantizar la libertad de elección en un ambiente competitivo para todo el país, comparte el criterio que la Comisión de Promoción de la Competencia (oficio OP-005-2023), que iniciara la discusión del proyecto presentado por el gobierno para regular a las plataformas, como Uber y Didi.
La ACL considera que ese proyecto requiere cambios urgentes antes de ser aprobado, en específico eliminar los artículos 7 y 9 que fueron objetados por la Autoridad de Competencia.
“Si bien la propuesta del gobierno en términos generales apunta en la dirección correcta, creemos que estos dos artículos deben ser eliminados antes de que se vote el proyecto de ley y por ello estamos enviando notas a los diputados para atender este urgente tema desde esta misma semana”, indicó Juan Ricardo Fernández, Presidente de Consumidores de Costa Rica.
Al establecer precios mínimos se elimina el incentivo por mejorar el servicio y al fijar precios máximos se limita la oferta y se genera escasez artificial. Costa Rica ya legisló en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que la regulación de precios solo puede ocurrir en momentos excepcionales y bajo estudios técnicos. En esa dirección el artículo 7 de este
proyecto se trae abajo más de 30 años de buenas prácticas regulatorias.
Con respecto al límite de conductores prevista en el artículo 9, su inclusión sería regresar al pecado original de las concesiones de taxi que el mismo proyecto plantea eliminar. Al generar una escasez artificial de conductores habrá tiempos de espera más largos para los usuarios y se desmejorará la calidad del servicio.
