Primera entrega sobre la situación fiscal del país
El gobierno de la República presentó su plan para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así obtener un financiamiento de $1750 millones. El plan llamado Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia.
Actualmente Costa Rica negocia con el FMI una línea de crédito llamada Extended Fund Facility que le permite enfrentar la grave crisis fiscal que tiene. El Servicio de Ampliado del FMI (SAF) (Extended Fund Facility (EFF) en inglés) fue creado para ayudar a los países que se enfrentan: i) a graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o ii) a una economía caracterizada por un lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada. El EFF proporciona asistencia para respaldar programas integrales que incluyen políticas con el alcance y las características necesarias para corregir deficiencias estructurales durante un período prolongado.
En primera instancia el gobierno pretendía negociar un Acuerdo de Stand By, sin embargo la asistencia en el marco de un acuerdo ampliado se caracteriza por la participación en un programa a más largo plazo (para ayudar a los países a implementar reformas estructurales a mediano plazo) y un período de rembolso más largo.
“Al igual que en otros países, en Costa Rica se ha producido una contracción y una caída de la actividad económica debido a la pandemia. El fuerte impacto en la producción nacional, la disminución de los ingresos del Estado y el aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria no solo frenan el mejoramiento de las finanzas públicas en que se trabajaba, sino que también agrava el desequilibrio fiscal”. Informó el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada.
Ante este panorama el gobierno pretende establecer un conjunto de medidas que permitan al país alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas y reactivar la economía golpeada por la pandemia. Las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo se dividen en tres tipos. Primero están las medidas de reactivación económica, después las medidas fiscales y por último las de reducción del gasto público. El objetivo fiscal del país es lograr un superávit fiscal 2,2% del PIB al 2024 y una razón deuda/PIB del 50% al 2034.
Un nuevo plan fiscal
El FMI alertó sobre el crecimiento de la deuda del Estado que ya sobrepasa el límite del 60% establecido en el plan fiscal. Esta alerta también ha sido dada por las calificadoras de riesgo como Moodys.
Aunque el gobierno ya en 2018 había aprobado un plan fiscal que tenía como objetivo estabilizar el déficit fiscal, la pandemia se trajo abajo los esfuerzos realizados por el país. Es por esto que el gobierno vuelve a hipotecar su actualmente escaso capital político para intentar aprobar una nueva reforma fiscal para recomponer el estado fiscal del país.
Entre las medidas fiscales que propone el gobierno están: No aplicación de aumentos salariales en el sector público hasta que la deuda pública baje del 60% del PIB y el IVA a los servicios transfronterizos (este ya se encontraba aprobado en el pasado plan fiscal y entrará a regir en octubre del 2020)
Además el gobierno plantea que aquellas cargas parafiscales que tienen que pagar los bancos comerciales y que van dirigidas a instituciones como Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP); al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social; a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE); al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), sean entregadas al Ministerio de Hacienda.
Uno de los temas más polémicos es la introducción de la renta global para tasar a los ingresos de residentes fuera del país. Este sería un impuesto de carácter permanente. Adicionalmente el gobierno plantea un impuesto temporal de sobre tasa para las rentas que va de un 2,5% al excedente del salario de más de 840.000 colones hasta el 10% más para excedentes de salarios superiores a 4,325,000 colones. Esto adicional a lo que ya pagan de impuesto sobre la renta. Este impuesto es de carácter temporal.
El gobierno también plantea un impuesto de 0,3% a las transacciones bancarias y pagos electrónicos. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.Este impuesto sería de carácter temporal.
Reducción del gasto
En cuanto a las políticas para reducir el gasto público el gobierno plantea n proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos para aproximadamente 7.000 personas. Otra de las medidas es la reducción de la deuda política de hasta un 50%, vender FANAL, y BICSA así como propiedades ociosas del Estado.
También el gobierno plantea la Ley Marco de Empleo Público que pretende crear un régimen único de empleo público y la introducción de un salario global para los nuevos funcionarios, la eliminación de nuevas anualidades por un período de 4 años.
También se plantea fusionar o desaparecer más de 15 órganos desconcentrados.
Reactivación económica
El Covid ha producido una caída de 4,3% del PIB en el primer semestre, esto se ve reflejado en una serie de sectores principalmente comercio y turismo. Este golpe ha incrementado el desempleo, por lo cual el gobierno pretende establecer una serie de medidas que permitan el crecimiento del PIB y la recuperación económica.
Entre las medidas están las alianzas público privadas para desarrollar infraestructura que permita dinamizar la economía del país. Al mismo tiempo, el gobierno pretende flexibilizar la jornada laboral, permitiendo esto un incremento en el empleo, según lo informa el Poder Ejecutivo. La reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años.
Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.
Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.
También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.
“Costa Rica a través de su historia ha sido ejemplo de diversos logros, especialmente los asociados a programas de salud, educación, el ambiente sano para las inversiones y las pensiones y seguros solidarios. Sin embargo, los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable, que incluye la disminución significativa del gasto y el aumento de los ingresos, que nos permita hacer un ajuste para beneficio de la familias y que garantice la continuidad de un Estado al servicio de la población costarricense”, aseguró Elián Villegas, ministro de Hacienda.
Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, afirmó: “La pandemia por el COVID-19 ha impactado fuertemente la economía costarricense en los últimos meses. También ha golpeado con severidad las finanzas públicas, y es preciso por ello emprender una consolidación fiscal adicional a la de diciembre del 2018. El país enfrenta un momento histórico y tenemos la responsabilidad de impulsar ese ajuste fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica y promover la reactivación y el bienestar de las familias costarricenses. Hacer ese ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI por tres años es nuestra mejor opción, pues daría acceso a recursos en mejores condiciones y proveería un sello de confianza en las políticas económicas del país”.
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