El pasado 31 de agosto, al Asociación Bancaria Costarricense informó que presentó una Accio de Inconstitucionalidad y un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional en contra del Banco central de Costa Rica.
El motivo de las denuncias se realiza luego de que la institución gubernamental solicitará a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) transferirle, de manera integral, las bases de datos que tiene en materia crediticia, –dicha información es obtenida de las entidades bancarias sujetas a la fiscalización de la SUGEF–.
La Asociación Bancaria Costarricense pide además que se declare que el acuerdo de la institución gubernamental violenta derechos, intimidad y confidencialidad.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial” reiteró el asesor jurídico de la ABC Mario Gómez Pacheco.
En la acción de inconstitucionalidad, la organización gremial explicó que la información estadística se construye a partir de datos agregados (…) que no
incluye datos personales de interés privado y sensibles como la condición socioeconómica o, en general, información confidencial de las personas a las que se les otorga un crédito.
“No obstante, el Banco Central pretende acceder la integralidad, sin restricción alguna, de las bases de datos de crédito de la SUGEF que contiene información desagregada concretamente datos personales de interés privado y sensibles cubiertos por la garantía de la confidencialidad, la reserva y el secreto bancario, que permiten la identificación física de cualquier persona que haya sido sujeto de crédito.
Y aclaran que, es únicamente, sobre los datos agregados que se le suministran al Banco Central de Costa Rica se debe construir y elaborar los resúmenes o información estadística crediticia que publica.
Por su parte, en el recurso de amparo, la Asociación Bancaria Costarricense pide a la Sala Constitucional declarar que la sentencia adoptada por el Banco Central violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva mencionados en la Constitución (…) así como todos los derechos fundamentales de las personas que pueden actuarlos a partir de la obtención de un crédito en el sistema bancario (derecho de propiedad, derecho de vivienda, derecho de tránsito o libertad de ir y venir, derecho a la educación, libertad de empresa, derecho a un nivel de vida digno o adecuado y mejora de su calidad de vida).
