La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), publicó el informe: Política del Consumidor en Costa Rica, donde se evalúa al país en las políticas y las prácticas implementadas en materia de consumidor.
La evaluación del Comité de Política del Consumidor (CPC) inició en 2016, como parte del proceso de adhesión a la OCDE. A solicitud del gobierno de Costa Rica, este comité acordó hacer el documento de acceso público en 2020.
El comité realizó esta evaluación con base en los estándares internacionales promovidos por la organización, particularmente en:
- La protección para los consumidores que participan en el comercio electrónico.
- La cooperación en la aplicación de la ley contra prácticas comerciales fraudulentas y engañosas.
- El desarrollo de mecanismos de reparación y resolución de controversias de consumidores, incluidos los métodos alternos extrajudiciales.
- La cooperación transfronteriza para abordar asuntos de seguridad de los productos de consumo, incluida la participación en actividades para mejorar el intercambio de información.
- El empoderamiento del consumidor, incluida su educación.
Las acciones tomadas por el país para mejorar el marco institucional y normativo nacional, en comercio electrónico, mediaciones colectivas, entre otros, permitieron que el CPC diera su aprobación en noviembre del 2017, convirtiéndose en el octavo comité aprobado de los 22 requeridos en el marco del proceso de ingreso a esta organización. Este logro fue posible gracias
al liderazgo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC).
“Con la aceptación del país en la OCDE hemos alcanzado otro nivel de exigencias, ahora tenemos que trabajar mucho más en las mejoras y la constante renovación de las estructuras que tenemos para la defensa efectiva del consumidor, y el contexto nos pone a prueba con nuevas formas emergentes de comercializar en las cuales debemos de garantizar la protección y derechos de las personas consumidoras. La publicación del informe de la OCDE nos permite poner en perspectiva el avance que ha realizado el país en materia de aplicación de buenas prácticas en materia de protección al consumidor, así como continuar con los esfuerzos para fortalecer el marco institucional del país con acciones en favor de la ciudadanía.”,indicó Victoria Hernández, ministrade Economía, Industria y Comercio.
Duayner Salas, ministro en ejercicio de Comercio Exterior y coordinador del proceso de ingreso a la OCDE, reconoció la importancia de la evaluación: “este informe muestra el esfuerzo de Costa Rica para atender las recomendaciones del CPC y alcanzar las mejores prácticas internacionales. Ser parte de la OCDE implica un proceso de mejora continua, lo que conlleva a continuar trabajando para fortalecer la protección efectiva de los consumidores”.
Principales hallazgos del informe
Como parte de los principales hallazgos de la evaluación contenidos en este informe se destacan:
La reforma parcial al Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, la cual introdujo el principio de equivalencia funcional para la protección del consumidor en el comercio electrónico, tutelando los mismos derechos yaespecificados en la ley para las formas tradicionales de comercio. Además, representa un avance en comunicaciones electrónicas no solicitadas, al establecer que los comerciantes deben abstenerse de enviar comunicaciones por cualquier medio electrónico, cuando no hayan sido previamente solicitadas por los consumidores.
Asimismo, en este informe, la OCDE reconoce la implementación de iniciativas por parte de la DAC para ofrecer a los consumidores vías para resolver los conflictos con las empresas de manera oportuna y expedita, actuando como un mediador neutral y facilitando el diálogo, la negociación y la conciliación de manera remota. Esta acción se suma a la promoción de una política de mejora institucional continua para el procesamiento de denuncias por medio de canales administrativos.
Otro hallazgo subrayado es la creación del Observatorio de Comercio Electrónico, que monitorea sitios Web y verifica que la información proporcionada cumpla con los requisitos y parámetros establecidos en la ley. El informe señala que persiste un desafío de ampliar aún más su competencia técnica, lo cual está siendo ejecutado.
Sobre seguridad de productos, cabe destacar que Costa Rica se ha convertido en un participante activo en el Grupo de Trabajo sobre Seguridad de Productos de la OCDE. La organización ha reconocido los esfuerzos y el trabajo de la DAC para la protección de alimentos y productos no
alimentarios inseguros, mediante su articulación con otros actores competentes como: el Órgano de Regulación Técnica del MEIC, el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y el Ministerio de Salud.
Acciones de seguimiento y recomendaciones de la OCDE
Si bien el país ha alcanzado avances importantes en este campo, el informe visibiliza la necesidad de realizar ajustes legislativos adicionales para reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras.
En este sentido, se reconoce el liderazgo del MEIC en el impulso de una reforma amplia y profunda a la Ley N° 7472, que permitirá atender algunas de las recomendaciones recibidas por la OCDE en materia de consumidor. Esta reforma se tramita actualmente mediante el Proyecto de Ley N°21369.
Adicionalmente, este informe contiene una serie de recomendaciones emitidas por la OCDE orientadas a fortalecer y alinear el marco institucional y la normativa de protección al consumidor a los mejores estándares internacionales, las cuales se detallan a continuación:
- Priorizar la implementación del Decreto Ejecutivo N°41988-MP-MEIC, que establece el Sistema Nacional de Protección al Consumidor para coordinar la política pública de protección al consumidor entre todos los órganos encargados de su implementación.
- Continuar desarrollando la capacidad dentro de la DAC para detectar prácticas fraudulentas de comercio electrónico y prácticas comerciales desleales, incluso mediante el trabajo del Observatorio de Comercio Electrónico.
- Continuar mejorando la cooperación con organismos internacionales y con el sector privado en la recopilación de información para efectuar investigaciones.
- Empoderar a la Comisión Nacional del Consumidor, para que pueda conocer sobre cláusulas contractuales abusivas, así como administrar sanciones en caso de incumplimientos. Este tema se ha incorporado en el Proyecto de Ley N°21369.
- Incrementar las sanciones para las prácticas engañosas comerciales y por fraude a los consumidores. Esta acción también se aborda en el Proyecto de Ley N°21369.
- Optimizar la cooperación transfronteriza para facilitar la resolución de controversias y las compensaciones económicas a los consumidores por medio de las fronteras.
- Mejorar la comunicación sobre seguridad de los productos y retiro del mercado con el sector comercial y con la Dirección General de Aduanas, lo cual se regula en el Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC.
